Dice que el aval a las Fuerzas Armadas podría favorecer y mantener la comisión de graves violaciones a los derechos humanos
La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) respaldó las opiniones de sus expertos que señala una posible exacerbación de la violencia en México luego de la validación de la permanencia de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
El acuerdo (puede) exacerbar el ya alto nivel de violencia que existe en diferentes partes del país”, según lo dicho por ONU-DH y sus expertos.
La representación de la ONU en México dijo que los analistas del organismo multilateral mostraron su preocupación porque las Fuerzas Armadas realizan tareas que no les son propias y para las cuales no están entrenadas, lo cual podría favorecer y mantener la comisión de graves violaciones a los derechos humanos.
Manifestó que la ONU-DH destaca la importante labor de quienes han asumido una postura de defensa y reivindicación de los derechos humanos en torno a la asignación indebida de tareas de seguridad pública a las Fuerzas Armadas en México.
El consultor y experto en seguridad nacional Ernesto López Portillo Vargas, manifestó por su parte que lo aprobado por la Corte no aplica los criterios de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos para la intervención militar en la seguridad pública.
Dice que esta participación no es temporal, ni subordinada; tampoco está regulada y mucho menos fiscalizada.
México Unido contra la Delincuencia dijo que la participación de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad abona en detenciones arbitrarias, tortura, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales, con casos específicos en los últimos gobiernos y el actual.
Recordó que la participación de las Fuerzas Armadas durante los últimos 20 años no se ha traducido en una mejor situación de seguridad para el país: “Por el contrario, el despliegue de las Fuerzas Armadas ha ocasionado numerosos casos de violaciones a derechos humanos, en parte, vinculados al uso de la fuerza letal”.
ANTECEDENTE
Cabe recordar que el pasado martes, con una votación de mayoría de ocho votos a favor, el Pleno de la Suprema Corte validó la constitucionalidad del Acuerdo que autoriza el uso de la Fuerza Armada Permanente, por parte del Poder Ejecutivo, para atender tareas de seguridad pública.
El proyecto elaborado por la ministra Margarita Ríos Farjat estableció que la participación del Ejército, Fuerza Aérea y Armada de México en estas labores se está realizando de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria.
El acuerdo controvertido también contempla una participación militar fiscalizada, pues está sujeta al escrutinio de órganos internos de control civiles y del Senado de la República, ante quien el titular del Ejecutivo debe rendir un informe que, por sus características de inclusión de datos como nombramientos, despliegue territorial, situaciones en las que se intervino, entre otros, se trata de una actividad de fiscalización efectiva”, explicó.
