María Josefina Gamboa Torales precisa que los delitos contra la libertad de expresión se sancionarán con cárcel de dos a nueve años y de setenta hasta cuatrocientos días
La diputada del Partido Acción Nacional, María Josefina Gamboa Torales, propuso endurecer las penas y tipificar delitos contra quien atente contra la libertad de expresión e imprenta e incluye el deber de guardar secreto de los periodistas.
Para ello, plantea reformas al Código Penal Federal, a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y al Código Nacional de Procedimientos Penales.
La iniciativa dela panista sanciona los dichos, expresiones o señalamientos que menoscaben o pongan en peligro la vida o la integridad de alguna persona defensora de derechos humanos, periodista, persona o instalación física o informática, que haya sido previamente víctima de un delito.
Precisa que estos delitos se sancionarán con cárcel de dos a nueve años y de setenta hasta cuatrocientos días multa y destitución e inhabilitación de dos a nueve años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos.
“México es el país más peligroso para ejercer el oficio de periodista y pese a ello se enfrenta todos los días un entorno de violencia verbal de censura y de intolerancia sistemática desde el gobierno”, indicó la legisladora albiceleste.
Han sido asesinados 42 periodistas
Señaló que, en lo que va del sexenio han sido asesinados 42 periodistas y recordó, el pasado 15 de diciembre el periodista, Ciro Gómez sufrió un atentado.
Gamboa torales propone prisión de tres a nueve años y multa de quinientos a setecientos días multa, así como la reparación integral del daño para quien por sí o por interpósita persona, intimide o agreda a cualquier persona para evitar que ésta o un tercero se dedique y ejerza la actividad de periodista, o el ejercicio de la libertad de expresión, o para que revele el secreto profesional, periodístico o la fuente de su información.
Indica que en caso de que se trate de un servidor público, la pena aumentará hasta el doble la pena, además de la destitución e inhabilitación para desempeñar cualquier empleo, cargo o comisión públicos por un tiempo igual al de la pena de prisión impuesta.
