Los integrantes de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) emitieron una posicionamiento a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para evitar que se elimine la prisión preventiva oficiosa en el país, como se había dado a conocer desde hace semanas atrás, argumentando el riesgo de la seguridad nacional.
La gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, así como 30 gobernadores más, se unieron a esta petición que fue entregada al buzón judicial para que sea analizado por la Suprema Corte como calidad de «amicus curiae» , que es una figura de colaboración para la corte.
«Preocupados por los efectos adversos que surgirán en perjuicio de la seguridad pública y la justicia mexicana, con respeto absoluto a la división de poderes, nos permitimos formular un respetuoso pronunciamiento en calidad de Amicus Curiae respecto de la resolución que deberá emitir el máximo tribunal constitucional de nuestro país sobre la prisión preventiva oficiosa» , es parte del escrito compartido por los gobernadores.
En el pronunciamiento que elaboraron los gobernadores integrantes de la Conago advierten que es necesario mantener la Supremacía Constitucional respecto de cualquier norma de carácter internacional que pueda afectar nuestro derecho interno, con el fin no sólo de impedir la vulneración de nuestra Carta Magna, sino de evitar un grave impacto en la seguridad pública de los mexicanos, de las víctimas y testigos, así como la culminación de procesos penales seguidos en contra de sujetos que han cometido delitos de alto impacto.
«No podemos dejar de señalar el colapso de los tribunales federales que derivaría de la necesidad de verse obligados a analizar todas y cada una de las solicitudes de modificación a la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa» , señala el documento.
Lo anterior, tras una resolución que emitió el Poder Judicial de la Federación que ha establecido que con una sola demanda de amparo, se podrá suspender cualquier orden de aprehensión que exista en contra del presunto responsable, sin importar la gravedad del delito.