Por 29 votos a favor y 10 en contra, las comisiones unidas de Puntos Constitucionales, Estudios Legislativos y Energía del Senado aprobaron reformas a los artículos 27 y 28 de la Constitución para devolver el concepto de públicas a las empresas del Estado: Pemex y la Comisión Federal de Electricidad (CFE)

El dictamen elimina del texto constitucional el concepto de “empresas productivas del Estado” y lo sustituye por el de “empresas públicas del Estado”

Con ello, se establece que las leyes determinarán la forma en que los particulares podrán participar en la actividades de la industria eléctrica y advierte que en ningún caso tendrán prevalencia sobre las empresas públicas del Estado.

“Lo que estamos haciendo con esta decisión es decir a los particulares, ustedes ya no vengan a invertir porque no los vamos a dejar entrar a la producción, ¿Quién va a querer invertir así? Y el Estado mexicano necesitaría 5 mil millones de dólares anuales para seguir creciendo, hacer su propia red”, acusó la senadora del PRI, Claudia Anaya

Por su parte, Cecilia Guadiana, senadora de Morena, argumentó que “es la CFE quien repara y restablece la infraestructura eléctrica sin escatimar el costo de los esfuerzos cuando ocurren desastres naturales en el país, sin que las empresas privadas tengan un rol importante en es sentido, es un trabajo monumental que enfrenta en solitario CFE con sus propios recursos sin que los privados muevan un dedo, ejemplos sobran”.

El panista Ricardo Anaya, posicionó así: “el cambio central de esta reforma es establecer un limite a los privados en generación de electricidad, ese es el núcleo, esa es la nuez de esta reforma”.

El coordinador de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, lamentó que esta reforma “ignora la crisis climática actual y perjudica e hipoteca la salud de las futuras generaciones”.

El dictamen agrega que no constituirán monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva en áreas como los minerales radiactivos y generación de energía nuclear; el servicio de internet que provea el Estado, así como la planeación y el control del sistema eléctrico nacional.

Sus objetivos serán preservar la seguridad y autosuficiencia energética de la nación y proveer al pueblo de la electricidad al menor precio posible, evitando el lucro para garantizar la seguridad nacional y soberanía a través de la empresa pública del Estado que se establezca.